Un centenar de organizaciones civiles internacionales y nacionales demandaron hoy un proceso justo para el activista Maximino García Catarino, defensor de los derechos del pueblo Na Savi, integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), acusado de homicidio y detenido el 21 de enero pasado en Ayutla de los Libres, Guerrero, ya que existen irregularidades en el caso y se presume que las imputaciones en su contra tienen un móvil político.
En una carta dirigida a Jesús Martínez Garnelo, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, las organizaciones firmantes pidieron una revisión a fondo del caso, ya que existen testigos y documentos de que el acusado estaba en un lugar distinto, en una reunión con integrantes de su comunidad cuando se perpetró el crimen que se le imputa, por lo que esperan un proceso apegado a derecho.
García Catarino quien es beneficiario de medias provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2009, por el temor a su seguridad ante el activismo que ha desplegado en defensa de su pueblo, fue aprehendido en la comunidad
de Juquila.
de Juquila.
Las organizaciones como el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"; el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad detallaron en la misiva las inconsistencias del caso.
Indicaron que "hemos sido informados de que la acusación presenta diversas irregularidades. También, es de nuestro conocimiento que la defensa del señor García Catarino ha aportado dentro del plazo constitucional ampliado de las 144 horas pruebas suficientes para comprobar la inocencia del líder Na Savi, acreditando que no se encontraba en el lugar y que por tanto los dos testimonios de cargo son falsos. Por tanto, estamos atentos a que en las próximas horas se dicte en su favor un auto de libertad". Agregaron que "hemos seguido de cerca la situación de los derechos humanos en el estado de Guerrero, que parece deteriorarse en el presente.
Hemos constatado la persistencia de una arraigada tendencia a perseguir a las y los defensores de derechos humanos, incluso mediante la confección de expedientes para producir acusaciones que entrañan un uso desviado e ilegítimo de la procuración y administración de justicia".
Por ello, indicaron que ven con preocupación "que una vez más se actualice ese patrón en el caso de Maximino". Sostuvieron que "Guerrero no necesita más prisioneros de conciencia.
Resulta inaceptable que una vez más se utilice la justicia para perseguir a personas cuyo único delito es hacer de la defensa de los derechos humanos su actividad cotidiana, en las condiciones más adversas".
En la misiva al magistrado Martínez Garnelo señalaron que "como máximo responsable de la justicia en Guerrero aquilatará la relevancia del caso y no dudará en girar las instrucciones correspondientes para que la falsa acusación sea sometida a un minucioso examen".
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