Activistas y ecologistas, así como habitantes del municipio indígena de San José el Progreso, acusaron a grupos paramilitares al servicio del alcalde de dicha localidad, del altercado registrado el miércoles por la tarde que dejó un saldo de al menos ocho lesionados, entre ellos 2 heridos de bala.
Reprocharon la actuación del gobierno estatal y federal para atender su petición de clausurar la mina de plata “Cuzcatlán”, propiedad de la empresa canadiense Blue Silver Company.
Bernardo Vásquez, de la llamada Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle Central, argumentó que la agresión ocurrió cuando lo pobladores se oponían a que el agua de uso común sea utilizará para beneficio de la factoría.
“Realizaban excavaciones bajo resguardo de la policía para construir una toma de agua para la mina, quitándole el servicios a los lugareños”.
Acusó al alcalde priista de la comarca Mauro Sánchez Muñoz de ordenar a sus policías disparar en contra de los lugareños, lo que causó que resultaron heridos Abigail Vásquez, quien se encuentra en recuperación, y Bernardo Méndez, que aún es reportado como grave.
Indicó que se levantó una denuncia por intento de homicidio en contra del comandante de la policía municipal del sitio y sus pistoleros, además del munícipe y sus regidores.
Vásquez adelantó que los afectados emprenderán una jornada de resistencia civil, donde pretenden desde exigir a la Cámara de Diputado el inicio del proceso para desaparecer los poderes municipales en San José “El Progreso”, así como reclamar el cierre de la mina por interferir en la vida política del pueblo.
Reprochó la actitud pasiva de las autoridades estatales, quienes solicitaron un plazo de 10 meses para resolver el conflicto y no lo ha solucionado, siguen pendiente de resolver los reclamos de los pobladores.
“Queremos que el gobierno apoye a la realización de una consulta abierta para que los habitantes del municipio, conozcan las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso de explotación de la factoría, sus permisos de cambio uso de suelo, de impacto ambiental”.
Según Vásquez, el comisariado ejidal había cancelado el permiso, pero “hubo trampas legales para autorizarlo”.
Confirmó que desde hace más de un año el edil del poblado no gobierna en la demarcación, ejerce el cargo desde casas particulares, por que el palacio municipal se encuentra tomado por sus opositores.
Según la delegación estatal de la Secretaría de Economía Federal en San José “El Progreso”, los inversionistas de la canadiense Blue Silver ha invertido 6 millones en obras de infraestructura y apoyo comunitario para obtener permisos de explotación en la zona. El yacimiento ocupa al menos 702 hectáreas dentro del municipio.
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