miércoles, 28 de marzo de 2012

Denunciará CNDH a ex jefe de PF por “omisión”

El "ombudsman" busca juicio político y penal contra el ex procurador y el ex secretario de Seguridad de Guerrero.

Por incurrir en “acciones” y “omisiones” en el operativo donde murieron dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alista una denuncia penal contra mandos de la Policía Federal, entre ellos el ex comisionado Facundo Rosas.
La indagatoria que se presentará en los próximos días ante la Procuraduría General de la República tiene como sustento el escrito que firmó el ex funcionario, donde señala que se enteró una hora después de iniciar el repliegue policiaco.
El presidente del organismo, Raúl Plascencia, dijo que esa denuncia apunta también hacia el ex procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, y el ex secretario de Seguridad Pública estatal, Ramón Almonte, por su presunta responsabilidad en los hechos del 12 de diciembre.
Los puntos recomendatorios suman 30 por violaciones graves a los derechos humanos, que deberá atender el gobierno de Guerrero, a cargo de Ángel Aguirre; la Secretaría de Seguridad Pública federal, cuyo responsable es Genaro García Luna, y el Congreso estatal guerrerense.
“Hay responsabilidades directas de quienes intervinieron en los hechos y aquellos otros servidores públicos que teniendo el deber de supervisar a sus colaboradores no lo hicieron.
“En ese sentido la línea de mando nos llevó hasta el comisionado general de la Policía Federal, que debiendo estar enterado nos manifestó por escrito que se enteró una hora después de que iniciaron los hechos. La responsabilidad no solamente se sigue por acción sino también por omisión”, dijo.
La CNDH solicitó también a García Luna que se comisione a “un grupo especial” que dé seguimiento a las denuncias de los citados funcionarios, y que se le comunique de los avances.
El ombudsman nacional solicitó además a Ángel Aguirre colabore con la PGR para que se agilicen las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio del empleado de la gasolinera, Gonzalo Rivas Cámara.
Señaló que tras las investigaciones realizadas por la CNDH ubicaron a 168 elementos policiacos en el lugar del enfrentamiento sobre la Autopista del Sol, el pasado 12 de diciembre, y otros 16 en cadena de mando.
Plascencia aclaró que la CNDH no se pronunció por una presunta responsabilidad contra García Luna ni el gobernador, porque no encontraron evidencias de que ordenaran el desalojo violento.
Recordó que hasta el momento hay 15 procedimientos administrativos contra 150 servidores públicos estatales y de la Policía Federal.
“Al margen de la responsabilidad administrativa que también corresponde por acción directa o bien por omisión en el sentido de no enterarte de un evento de estas características, no usar tu sistema como Plataforma México y la comunicación del C4 y ante un evento de tal gravedad manifiestas que fue hasta una hora después cuando ya se encontraban tres personas sin vida, varios heridos y sujetos golpeados por los elementos (policiacos)”, insistió.
La recomendación señala que entre los derechos vulnerados destacan el de la vida, seguridad e integridad personal, legalidad, trato digno, libertad personal, derechos a la verdad e información.
“Dadas las evidencias obtenidas, se pudo observar que los cuerpos de seguridad participaron en los hechos empleando de manera excesiva la fuerza pública y armas de fuego con el objetivo de reprimir la manifestación.
“Ésta se tornó violenta sin que existieran evidencias de una debida coordinación y utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines”, puntualizó.

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