La Procuraduría General de la República (PGR) no ha ofrecido avances en la investigación del secuestro y ejecución de los activistas indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores del pueblo Na Savi (mixteco), y el caso sigue impune desde 2009, señalaron familiares y organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de la Montana "Tlachinollan".
Indicaron que la falta de castigo a los responsables abona al clima adverso que existe contra los activistas en el estado de Guerrero, que ha derivado en la petición de 107 medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoiDH) en los últimos años.
En un comunicado, se informó que hoy en una ceremonia familiar y con la participación de diversas organizaciones de derechos humanos y representantes comunitarios, se conmemoró en Ayutla de los Libres, Guerrero el tercer aniversario luctuoso de Lucas Lucía y Ponce Rosas, "cuya desaparición y posterior ejecución continúa aun hoy en la impunidad".
El 13 de febrero de 2009 estos integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron detenidos arbitrariamente por personas que dijeron ser policías, cuando se encontraban en un evento público convocado por el Ayuntamiento del Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero en presencia de varios servidores públicos.
El 22 de febrero de ese mismo año, los cuerpos de ambos defensores fueron encontrados con huellas de tortura en un predio ubicado en el municipio de Tecoanapa.
La ejecución extrajudicial de los activistas indígenas generó una demanda de justicia en organizaciones nacionales e internaciones como Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la presidencia de la Unión Europea; sin embargo, el doble homicidio está impune a pesar de que desde agosto de 2009 la PGR atrajo la investigación del caso.
De acuerdo con Tlachinollan "a tres años del crimen que privó de la vida a los defensores Na Savi sólo la impunidad ha prevalecido. Los hechos no han sido esclarecidos, los responsables no han sido llevados ante la justicia y las investigaciones iniciadas por la PGR carecen de resultados eficaces hasta el día de hoy".
Indicó que "la impunidad prevaleciente en este caso, sin duda, ha repercutido en la imposibilidad de superar el clima de adversidad en el que realizan su labor las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos en Ayutla de los Libres, Guerrero". A pesar de las medidas provisionales a favor de 107 activistas, solicitadas por la CoiDH "el riesgo no aminoró".
Una de las evidencias, destacó la organización, "es la detención arbitraria de Maximino García Catarino, ocurrida apenas el 21 de enero de 2012, quien desde entonces, se encuentra privado de su libertad acusado falsamente por un delito que no cometió (homicidio)".
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